Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La Suspensión de Derechos Corporativos

¿Qué es la Suspensión de Derechos Corporativos?

Si usted mantiene un negocio a través de una sociedad anónima o utiliza esta figura o la de la fundación de interés privado para mantener activos protegidos, es muy probable que haya escuchado el término “suspensión de derechos corporativos” quizás en algún comunicado informativo de su agente residente o por que le han solicitado información para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios de Panamá.

Este término fue introducido por la Ley 52 de 2016 (Que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones) cuya finalidad, según su exposición de motivos, era la de “cumplir con compromisos internacionales adquiridos por el Estado panameño referentes a transparencia internacional e intercambio de información tributaria”

Lo cierto es que, si bien la Ley 52 (posteriormente reformada por la Ley 254 de 2021) entre otras cosas establece las causas de suspensión, los efectos, sanciones y otros aspectos, adolece de una definición clara de dicho término.

Ante dicha carencia, me he tomado el atrevimiento de definir el término de la siguiente manera: “Fenómeno jurídico mediante el cual se interrumpe la vigencia de una persona jurídica panameña, imposibilitándola de realizar actos de comercio o de cualquier tipo y de disponer de sus activos de cualquier forma hasta tanto la causa que originó la suspensión sea subsanada”.

Causas que provocan el estatus de suspensión

Inicialmente, la referida Ley 52 de 2016 solamente establecía tres supuestos cuya ocurrencia generaría la suspensión de derechos corporativos, de conformidad con lo establecido en la reforma del Artículo 318-A del Código Fiscal, a saber:

  1. Morosidad en el pago de tasa única por un periodo de 3 años consecutivos
  2. Falta de Agente Residente por un periodo mayor de 90 días calendario
  3. Morosidad en el pago de multa o sanción impuesta por autoridad competente

Posteriormente, en el año 2021 fue promulgada la Ley 254 la cual, entre otras cosas, modificó las siguientes normas:

  • Ley 23 de 2015 (Que adopta medidas de prevención contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)
  • Ley 52 de 2016 (Que establece la obligación a personas jurídicas de mantener registros contables)
  • Ley 124 de 2020 (Crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros)
  • Ley 129 de 2020 (Crea el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUBF)
  • Código Fiscal (Artículo 318-A)

Con estas reformas, se amplió el abanico de causales quedando como sigue a continuación:

  1. Morosidad en el pago de tasa única por un periodo de 3 años consecutivos
  2. Falta de Agente Residente por un periodo mayor de 90 días calendario
  3. Incumplimiento de obligaciones establecidas en las leyes antes mencionadas, mediante orden de autoridad competente, tales como:
    • Que el Agente Residente o la persona jurídica no esté inscrita en el RUBF
    • Personas jurídicas cuyo agente residente esté en incumplimiento con las normas BC-FT-PADM
    • Personas jurídicas que incumplan con la entrega de registros contables a su agente residente.

Efectos de la suspensión y Restauración: 

La suspensión de derechos corporativos implica una serie de efectos significativos, incluida la imposibilidad de realizar transacciones comerciales de ningún tipo, iniciar procesos legales o disponer de los activos de la persona jurídica.

No obstante, las entidades suspendidas tienen la oportunidad de solicitar su restauración dentro de un plazo de un año desde la fecha en que la orden de la autoridad competente quedó inscrita en el Registro Público, sujeto al pago de una multa de mil balboas (B/.1,000.00) y la subsanación de las causas que llevaron a la suspensión.

La Suspensión de Derechos Corporativos en la Actualidad

La Ley 52 de 2016, modificada por la Ley 254 de 2021, aborda la suspensión de derechos corporativos, pero aún deja ciertas áreas ambiguas que esperamos sean clarificadas con la reglamentación pendiente.

Independientemente de lo anterior, los casos más comunes que hemos visto en la práctica son aquellos en los que la Dirección General de Ingresos ordena al Registro Público suspender sociedades o fundaciones por morosidad de tasa única por tres años consecutivos y aquellos casos en los que los agentes residentes han renunciado y se vence el término de 90 días sin nombrar nuevo agente residente.

También hemos visto casos aislados de sociedades suspendidas por incumplimiento de inscripción de inscripción de los beneficiarios finales en el RUBF en los que la Superintendencia de Sujetos No Financieros ha establecido su propio procedimiento para levantar la suspensión.

Recomendaciones

Es de vital importancia que como empresario esté al tanto de sus derechos y de los nuevos requisitos regulatorios que las personas jurídicas panameñas deben cumplir para evitar consecuencias adversas, como la imposibilidad de disponer de bienes inmuebles o cuentas bancarias, y así garantizar la continuidad operativa de su negocio mientras evita posibles multas.

En Sucre, Arias & Reyes comprendemos la importancia de mantener vigente su entidad y la operatividad de su negocio. Estamos preparados para asistirle tanto en el mantenimiento al día de sus entidades como en la restauración de aquellas que ya se encuentran suspendidas.

Nosotros

En SUCRE ARIAS REYES somos reconocidos nacional e internacionalmente por la prestación de servicios legales corporativos, tanto a empresas locales como a multinacionales.


Ofrecemos una práctica integral para brindar a nuestros clientes soluciones en todas las áreas del derecho.

Oficina

Edificio SUCRE ARIAS REYES, Avenida Ricardo Arango y calle 61, Obarrio. P.O. Box 0816 01832 Panamá, República de Panamá.

De lunes a viernes
8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sucre Arias Reyes © 2024. Todos los derechos reservados.

es_ESES