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Inclusión financiera y cuentas de inversión de trámite simplificado

La inclusión financiera en términos generales es un reto importante para los mercados financieros (banca, valores y seguros) en toda América latina, tanto para el sector privado como para los reguladores. Las causas son muchas y abordarlas es asunto de otro escrito y de mayor espacio para hacerlo. En el caso del mercado de valores, sin embargo, los factores de riesgo asociados, tanto los reales como los “fantasmas” (más bien estigmas) conductuales propios del ámbito regulatorio, así como los costos administrativos asociados a la apertura y mantenimiento de cuentas, hacen, entre otros, que sea privativo y sumamente selectiva la apertura de cuentas de inversión, apartando de este segmento a profesionales y/o personas con ahorros que quieran buscar opciones de inversión distintas al producto bancario tradicional y su limitada capacidad de un retorno atractivo.

Esto hace que la plaza local sea menos competitiva en comparación con otras donde el abordaje del cliente es mucho más sencillo, sin descuidar la debida diligencia, en donde el abordaje es en línea y a distancia, sin descuidar la gestión de riesgos. Luego está la desventaja por ahora insalvable de las escalas, es decir mercados mucho más extensos que el nuestro y que por mero volumen, tienen capacidad de manejar clientes con balances más pequeños.

Bajo este escenario y como un adecuado primer paso, la Superintendencia del Mercado de Valores promulgó el Acuerdo No. 8-2023 publicado en la Gaceta Oficial No. 29945 de 8 de enero de 2024 a través del cual se introduce el concepto de Cuenta de Inversión de Trámite Simplificado.  

Este tipo de cuentas tienen algunas características que buscan mayor cobertura de segmentos de clientes en el mercado de valores local. Conforme el referido acuerdo, este tipo de cuentas deben cumplir con ciertas características como lo son: 1. Solo pueden ser abiertas por personas naturales bajo la modalidad de una cuenta individual; 2. Dicha persona solo podrá tener una cuenta en toda la República de Panamá, lo cual a mi juicio representa un problema de verificación para las Casas de Valores y un reto respecto a la confidencialidad a la que tiene derecho, por ley dicho cliente; 3. Debe tratarse de personas clasificada en cuanto a su perfil financiero y transaccional como de “riesgo bajo” y; 4. Mantener un balance que  no supere los US$ 250,000.00. 

Luego, el acuerdo establece una serie de requisitos de identificación de cliente simplificados con respecto al amplísimo número de documentos e información requerida para la apertura de cuentas no simplificadas, no obstante, una de las novedades principales del Acuerdo No. 8-2023 es que por primera vez la reglamentación de mercado de valores reconoce la posibilidad de efectuar el abordaje de clientes a través de medios electrónicos, mencionando específicamente a la telefonía móvil, aplicaciones  entre otros, siempre que se cuente con un método de autenticación de dos factores. Esto último es algo bastante común en la vida digital que todos llevamos hoy día en mayor o menor medida.  

El abordaje de clientes por vía electrónica nunca ha estado prohibido expresamente por la ley de mercado de valores o sus reglamentos, de igual forma, tampoco estaba expresamente permitido y, la verdad sea dicha, ciertos requerimientos regulatorios y prácticos, hacen que el mismo sea complejo de implementar para las casas de valores, asesores de inversión y administradores de fondos de pensión.  

La expresa permisión del Acuerdo No. 8-2023 de apertura de cuentas simplificadas vía medios electrónicos es un paso importante, y sobre todo un paso de equiparación de competitividad del centro panameño con respecto a otras plazas, en este sentido, pequeños pasos, siempre que sean hacia adelante, siempre serán positivos y un aporte a la eficiencia de nuestro mercado.

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